El sacerdote Pedro Abelardo Méndez Pérez cumple este 26 de junio de 2025 una semana detenido por la Policía Nacional. Su paradero es desconocido por miembros de la Arquidiócesis de Managua, a la que pertenece el religioso, y su nombre no aparece registrado en el Sistema de Causas en Línea, del Poder Judicial.
El padre Méndez fue detenido la noche del jueves 19 de junio de 2025 en un retén policial ubicado en la avenida Arellano, en el departamento de Granada. El religioso viajaba como pasajero en una camioneta Toyota, placa MY 21511, que era conducida por Luis David Ñamendi Suárez.
De acuerdo con la nota 006-2025 de la Policía Nacional, los dos ocupantes del vehículo dieron positivo a la prueba de alcohol en sangre y “fueron retenidos por el delito de exposición de personas al peligro, atentado contra la seguridad de las personas y familias, violentando la Ley de Tránsito”.
El abogado Yader Morazán, quien fue funcionario del Poder Judicial, explica que, en un contexto normal, el hecho que el nombre del sacerdote no aparezca registrado en el sistema —ni en el departamento de Granada, donde fue detenido, ni en Managua, donde han sido procesados la mayoría de los presos políticos— indica que “no existe una causa judicial en su contra y que la detención policial es arbitraria”.
Sin embargo, a partir de mayo de 2021, como parte del patrón represivo de desaparición forzada en Nicaragua, el régimen dejó de publicar en el Sistema todos los procesos contra los presos políticos. Esto indica que el religioso “está recibiendo el mismo trato procesal que se les da a los presos políticos, sumado a condiciones de desaparición forzada”, precisó Morazán.
El argumento usado para la detención
La abogada Martha Patricia Molina, que por varios años ha investigado la persecución del régimen nicaragüense hacia la iglesia Católica, pone en duda el argumento usado por la Policía para detener al sacerdote y su conductor. Afirma que “a ese cura ni le gustaba tomar” y —en caso de que fuese cierto— “no es para que estén encarcelados por tanto tiempo”.
Molina enfatiza que el sacerdote “iba como pasajero, no como conductor” y que, en casos similares a éste, la Ley de Tránsito castiga al conductor y no al pasajero. Además, tanto el sacerdote como el conductor, fueron señalados por un delito menor que no amerita tanto tiempo en prisión.
De Monimbó a Las Sierritas de Managua
El padre Pedro Méndez fue párroco de la parroquia Santa María Magdalena, en Monimbó, Masaya. En 2018, cuando las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban en su punto más álgido, denunció los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.
El religioso también habría sufrido amenazas y agresiones físicas durante la Operación Limpieza ejecutada en el departamento de Masaya en junio de 2018.
En los años siguientes a las protestas, la voz del padre Méndez continuó escuchándose en Masaya. Varios reportes periodísticos indican que, en marzo de 2023, el sacerdote tuvo que resguardarse para evitar ser detenido por la Policía, luego de haber convocado a una jornada de oración por monseñor Rolando Álvarez, quien permanecía detenido en ese momento.
Fuentes de la Arquidiócesis de Managua señalaron que, después de la salida del padre Méndez de Monimbó, el cardenal Leopoldo Brenes lo trasladó a la iglesia Santo Domingo, en Las Sierritas de Managua. Al momento de su detención no tenía ninguna parroquia a su cargo y estaba bajo el mando de monseñor Boanerges Carballo.
Persecusión a la Iglesia católica
La detención del padre Méndez ocurre en un contexto de asedio y persecución a la Iglesia católica en Nicaragua. Según Molina, el religioso formaba parte de un grupo de sacerdotes vigilados por la Policía Nacional, quienes —inclusive— “para salir de la parroquia deben notificar” a las autoridades.
Méndez es el segundo sacerdote detenido actualmente por la dictadura nicaragüense. El otro religioso privado de su libertad es el administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí, padre Frutos Constantino Valle Salmerón, a quien la Policía le impuso la medida de “seminario por cárcel” desde el 26 de julio de 2024.
Desde 2019 a diciembre de 2024, unos 266 religiosos y religiosas han sido obligados a salir de Nicaragua. De estos, 51 han sido desterrados, 96 expulsados (86 religiosas y 10 religiosos), a 48 se les ha prohibido el ingreso al país y otros 71 religiosos se han exiliado por la persecución política, según la sexta edición del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?, elaborado por Molina.
La dictadura también ha despojado de la nacionalidad a dos obispos, catorce sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y 12 laicos. Todos han sido desterrados a diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Roma y Guatemala.