Como parte de la guerra del régimen sandinista contra la Iglesia católica de Nicaragua, los sacerdotes enfrentan cada vez más restricciones para ejercer su ministerio, según denunció la organización benéfica Christian Solidarity Worldwide (CSW). Los sacerdotes se ven obligados a presentarse semanalmente ante la Policía y solicitar aprobación para el contenido de sus servicios, una medida que la organización describe como “severa”.
Además, señala que las procesiones están prohibidas y que dentro de los templos todas las actividades son vigiladas.
LA PRENSA conversó con algunos laicos que optaron por el anonimato por temor a represalias y expresaron que, si bien las prohibiciones son más severas, no se aplican de la misma forma en todas las diócesis.
“Lo que sí he sabido es que para las actividades que tengan las parroquias, tienen que pedir permiso. Si también quieren sacar una procesión, deben solicitar autorización y esperar respuesta. En la mayoría de los casos, no la aprueban”, señaló un laico.
La Policía llega semanalmente para preguntar horarios de misas
Otro laico que habló bajo condición de anonimato con LA PRENSA aseguró que en su diócesis, la Policía llega semanalmente donde los párrocos para preguntar cuántas misas hay programadas para cada semana.
“Pregunté a unos amigos sacerdotes si es verdad que están semanalmente pidiendo permiso para celebrar misa y me han dicho que no, que la Policía solo llega a preguntar cuántas misas hay programadas en la semana”, dijo el laico.
El laico considera que esta medida tiene como objetivo llevar un control de los horarios de las eucaristías para vigilar lo que se dice en los sermones. Por esta razón, las homilías no contienen mensajes sociales ni denuncias, sino que se centran únicamente en explicar “teológicamente” las lecturas propias de la misa.
Medida no es nueva
Otro feligrés aseguró que esta medida no es nueva y que el régimen la implementó desde 2022, año en que iniciaron las prohibiciones de las procesiones en las calles y otras actividades de piedad popular.
“Esto no es nuevo, pero quizás ahora se están intensificando las visitas”, aseguró.
Un sacerdote en el exilio, que optó por el anonimato por temor a represalias, dijo que algunos policías “llegan hasta a tomar café en la parroquia” durante su visita de control, en la que piden el cronograma de actividades semanales a los sacerdotes y, de ser posible, el del obispo de su diócesis.
Entre los reportes se deben incluir las eucaristías, actividades de misión, reuniones con directivos de pastorales, solicitud de permisos si salen de su “jurisdicción”, entre otras.
“Es cansado con la actividad pastoral que tenemos como sacerdotes de acompañar al pueblo de Dios, teniendo el control casi total de dónde estás y hacia dónde te dirigís”, agrega.
Prohibiciones contra la Iglesia desde 2022, según la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un informe publicado el 22 de julio de 2024 documentó que la prohibición de procesiones comenzó antes de la Semana Santa de 2022, cuando agentes de la Policía recorrieron las parroquias de todo el país para comunicar verbalmente esta orden. En septiembre de 2022, la Policía Nacional impidió la celebración en las calles de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo en Masaya.
El GHREN señaló que, según investigaciones independientes, durante la Semana Santa de 2023 las manifestaciones católicas fueron prohibidas en todo el país. En total, se prohibieron al menos 3,176 procesiones, sin incluir aquellas usualmente realizadas durante el Viernes Santo y la Cuaresma.
Hasta julio de 2024, la dictadura prohibió al menos 4,800 procesiones o actividades religiosas y se contabilizaron ocho personas detenidas.
971 ataques contra la Iglesia católica entre 2018 y 2024
El régimen Ortega-Murillo ha consumado la confiscación de al menos 19 edificios propiedad de la Iglesia católica entre 2019 y diciembre de 2024, según la sexta entrega del informe Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?, de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, presentado el viernes 20 de diciembre de 2024.
Según el informe, el régimen ha cerrado cuatro universidades, dos institutos, 24 medios de comunicación y 44 organizaciones sin fines de lucro —todas vinculadas a la Iglesia— desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
En la sexta entrega del informe se registraron 971 ataques contra la Iglesia católica de forma acumulada desde abril de 2018 hasta diciembre de 2024.
Del total de hostilidades, 321 se registraron en el 2023 y 177 en 2024. Molina señaló que la disminución de ataques registrados este año se debe al temor de los religiosos y laicos a denunciar.